"Bien podrán los encantadores robarnos la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, ¡jamás!"
Proclama Quijoteril de los Servicios Sociales

miércoles, 14 de diciembre de 2016

10 años de lucha, aunque sin celebraciones


 Aún somos capaces de recordar la ilusión que nos generaba el saber que, una nueva ley, vendría a “cumplir” con la dignidad de las personas dependientes.

Eran años de gran esperanza, de mucho dinamismo social en cuanto a aprobación de normativas y reconocimiento de derechos y de una gran actividad en cuanto a la participación social de las entidades y colectivos que, entorno a las personas dependientes, venían ejerciendo su función y clamando sus derechos.

Y por fin, llegó; esta ansiada ley, la deseada “Ley de Dependencia” llegó y supuso una verdadera revolución, no sólo en el ámbito de la cobertura legal de los derechos, que por supuesto también, si no en la “apariencia” de nuestras calles y plazas. De pronto, empezaban a multiplicarse esos “uniformes blancos” que paseaban por nuestras ciudades y esa tensión constante que sufrían las cuidadoras y que ejercía de sostén para con nuestros dependientes, empezaba a aliviarse. Volvías a ver a personas en las calles que antes, simplemente, no aparecían. Empezabas a conocer casos de familias que volvían a “meter un sueldo” en sus casas gracias a la ayuda a domicilio, a las residencias, a las unidades de día… el mercado laboral, agonizante desde la explosión de la crisis, volvía a respirar y a recuperar un cierto tono.

Desde luego, desde aquel diciembre de 2006, miles de personas han sido aliviadas, atendidas, reconocidas y apoyadas en cuanto a la capacidad para poder llevar una vida digna, que, a fin de cuentas, es donde da de lleno esta ley; la Ley de Dependencia, aglutina todos sus esfuerzos en proteger la dignidad a las personas, que por una u otra cuestión, se han visto incapacitadas para poder desenvolverse con autonomía en su mundo.
Pero no sólo eso, también trabaja para que las cuidadoras no profesionales, vean reconocida su inconmensurable labor.

Y todo esto, a pesar de recortes, de argucias legales, de cambios metodológicos… sigue siendo así. El espíritu de la ley sigue siendo ese: Promocionar la capacidad y la autonomía de las personas, apoyar a las situaciones de dependencia y reconocer la labor fundamental de las personas cuidadoras.

Casi 200.000 personas están siendo atendidas a día de hoy en Andalucía, personas que vieron su vida truncada por la enfermedad y que con esta ley, han recibido un pequeño “alivio” a su situación. Este es un hecho que, en si mismo, supone un gran triunfo.

Pero ni mucho menos es inferior la importancia que para el empleo en nuestra comunidad tiene la propia ley, escenificando en si misma una oportunidad para poder salir del desempleo y poder recuperar todo aquello que un empleo te da, y más aún un empleo como este.

Todo esto es cierto y seguro que nos quedamos cortos; sin embargo, desde esta plataforma hemos decidido no participar en ningún acto de celebración porque, a pesar de que es de público reconocimiento el hecho de que gracias a Andalucía, en gran parte, el sistema de Dependencia sigue vivo, consideramos que, mientras haya una sola persona en su casa esperando que su derecho sea atendido, mientras que siga falleciendo gente con un derecho reconocido que no llegó a tiempo, mientras sigan existiendo familias que tienen que seguir en soledad con su calvario a pesar de tener una resolución aprobada, mientras la situación de las personas trabajadoras sociosanitarias siga siendo tan precaria y nadie haga nada al respecto, mientras el sector tenga que continuar clamando para cobrar algo que en justicia es suyo, mientras el Estado siga mirando para otro lado y aportando la insultante miseria que continúa aportando… esta Plataforma no puede celebrar nada.
Nuestra voz no se apagará, nuestro trabajo continuará aportando su grano de arena, seguiremos reconociendo el trabajo bien hecho y exigiendo mejorar… pero, por ahora, no nos pidáis que celebremos nada.


Por justicia, por dignidad… sigamos trabajando juntas.

jueves, 29 de septiembre de 2016

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA Nota prensa sobre financiación dependencia con datos oficiales

La Administración General del Estado aportó en 2015 el 18% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82% aportado por las Comunidades Autónomas.
El Observatorio Estatal de la Dependencia ha conseguido reunir los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 de las Comunidades Autónomas.
El gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España  solamente 1.500 euros.
El Observatorio solicitó a las CC.AA. los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin. En un ejercicio de transparencia que agradecemos públicamente, la práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas.
Hasta ahora nuestras denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema se basaban en estimaciones del propio Observatorio sostenidas en un modelo de costes que se ha ido depurando año a año. No obstante, la falta de oficialidad de parte de la información podía plantear dudas sobre la consistencia de dicho cálculo.
Finalmente, los datos oficiales obtenidos, confirman lo que veníamos denunciando a partir de estimaciones.  La Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% de las CC.AA.
El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. El quebranto para las Comunidades Autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes.
Las  certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco y Navarra) arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.130 millones.
Hasta ahora el Ministerio no reconocía los datos que venía ofreciendo el Observatorio, y descalificaba sus estudios. Con los datos certificados, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado.
El Sistema, no dejaremos de insistir en ello, muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleos y para la obtención de retornos directos, indirectos e inducidos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%. Si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera –haciendo algo tan extraordinario como cumplir con la Ley- se generarían más de 100.000 nuevos empleos directos. Para ello el Gobierno de España debe cumplir la Ley de Dependencia e igualar la aportación autonómica tal y como debería haber sido desde el inicio de una Ley que se dictó al amparo del artículo 149.1.1ª de la Constitución (desde la responsabilidad del Estado).
Es imprescindible un debate serio y realista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lograr un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia. El próximo Gobierno tiene como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico de primer orden ya que constituye un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y, sobre todo, es crucial para la vida digna de un millón y medio de personas y sus familias.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.   E-mail: directoressociales@hotmail.com

 
Gasto certificado CC.AA.
Ingresos certificados procedentes AGE
TOTAL
% CCAA
% AGE
Andalucía
890.692.353,76 €
241.627.717,24 €
1.132.320.071,00 €
78,7%
21,3%
Aragón
157.311.848,11 €
31.285.166,31 €
188.597.014,42 €
83,4%
16,6%
Asturias
138.597.519,63 €
22.900.601,76 €
161.498.121,39 €
85,8%
14,2%
Baleares
   61.622.692,60 €
16.113.771,40 €
77.736.464,00 €
79,3%
20,7%
Canarias
94.768.169,81 €
 27.349.802,11 €
122.117.971,92 €
77,6%
22,4%
Cantabria
83.465.843,42 €
 18.052.324,82 €
101.518.168,24 €
82,2%
17,8%
Castilla y León
403.004.137,90 €
95.083.629,10 €
498.087.767,00 €
80,9%
19,1%
C-La Mancha
283.365.136,91 €
57.712.049,71 €
341.077.186,62 €
83,1%
16,9%
Cataluña
1.004.040.000,00 €
223.880.000,00 €
1.227.920.000,00 €
81,8%
18,2%
Valencia
474.599.786,96 €
66.447.649,76 €
541.047.436,72 €
87,7%
12,3%
Extremadura
250.909.765,78 €
35.442.740,02 €
286.352.505,80 €
87,6%
12,4%
Galicia
237.591.197,36 €
73.086.225,94 €
310.677.423,30 €
76,5%
23,5%
Madrid
853.048.875,16 €
160.653.528,44 €
1.013.702.403,60 €
84,2%
15,8%
Murcia
133.382.024,11 €
50.980.136,60 €
184.362.160,71 €
72,3%
27,7%
Rioja (La)
59.567.630,98 €
  9.139.507,61 €
68.707.138,59 €
86,7%
13,3%
Navarra*
-   €
             -   €
           -   €
  
País Vasco*
-   €
               -   €
             -   €
  
Ceuta y Melilla**
-   €
            -   €
             -   €
  
TOTAL
5.125.966.982,49 €
1.129.754.850,82 €
6.255.721.833,31 €
81,9%
18,1%
Gasto estimado***
Observatorio 2015
5.340.470.301,31 €
1.129.754.850,82 €
6.470.225.152,13 €
82,5%
17,5%
*No aporta certificado                  **Territorios competencia directa IMSERSO                ***Estimado para mismas CCAA