"Bien podrán los encantadores robarnos la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, ¡jamás!"
Proclama Quijoteril de los Servicios Sociales

jueves, 19 de enero de 2017

LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONOMICOS (Nota de Prensa AEDYGSS)


Recuperar lo recortado supondría un incremento de 500 millones en la financiación autonómica por parte del Ministerio El nuevo Sistema de financiación que se propone negociar, debería acercar la financiación finalista estatal al 50% que establece la Ley, frente al 18% que financia actualmente. En la agenda de la Conferencia de Presidentes Autonómicos figura como uno de los temas relevantes la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido cabe recordar que recientemente, con motivo del 10º aniversario de la Ley, todos los grupos políticos con representación en el Parlamento (salvo PP y PNV) firmaron un acuerdo de mínimos que, en relación con este asunto planteaba lo siguiente:
*  Recuperación inmediata de lo recortado en los decretos de 2012 
*  Negociación de un nuevo sistema de financiación que garantice la estabilidad y suficiencia, y en el que la Administración General del Estado asuma el 50% del coste real del Sistema, tal y como la Ley establece. 
Respecto a los recortes hay que recordar que la supresión del Nivel Acordado (283,2 M€/año) y la minoración del Nivel Mínimo (217,8 M€ estimados en 2016) han supuesto para los Gobiernos Autonómicos un quebranto para las arcas autonómicas cercano a los 500 millones de euros solo en 2016. Ese recorte de la financiación estatal es el equivalente a atender a unas 72.000 personas más (recordemos que hay actualmente 350.000 que están desatendidas -Limbo de la Dependencia-), se habrían generado unos 20.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio y se habrían obtenido unos retornos directos a las arcas públicas de más del 40% de la inversión (200 Millones) con la actual distribución se servicios profesionales y prestaciones económicas. En los nuevos PGE se deberán consignar: la recuperación del Nivel Acordado (al menos en la cuantía de 2012, es decir 283,2 millones de euros) y una cuantía suficiente en aplicación de la modificación de las cuantías a abonar por el Nivel Mínimo por grado de dependencia: 
Respecto al modelo de financiación del Sistema, con datos oficiales, la Administración General del Estado ya aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% soportado por las CC.AA. 
La financiación de esta política debe pactarse considerando la necesaria suficiencia que corrija la alarmante y paulatina retirada de la Administración General del Estado respecto al mínimo garantizado por el Estado para la atención a las personas dependientes sin olvidar que esta Ley se amparó en el art. 149.1.1ª de la Constitución Española y que los desequilibrios territoriales actuales resultan inadmisibles. 
El artificio contable de considerar una parte de los fondos adicionales de la actual LOFCA como vinculados a la dependencia, convirtiendo un mero criterio de reparto en un argumento de suficiencia financiera por parte de la AGE que resulta insostenible, demuestra la necesidad de que el nuevo modelo tenga, en todo caso, un carácter finalista (condicionado). Esta es la única forma de asegurar la aplicación real de los fondos destinados a esta política. 

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CLAVE DE OPORTUNIDAD: 
Cumplir la Ley y atender a las 350.000 personas que actualmente tienen reconocido el derecho y están pendientes de recibir prestaciones o servicios que les corresponden, tendría un coste público anual total de 5.100 millones de euros (con una inversión de 8.500 millones de euros, se obtendrían retornos en el mismo ejercicio de 3.400 millones de euros), generando más de 100.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio. ¿Puede existir un mejor y más económico plan de empleo en la actual situación? 
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confiamos en que, de una vez por todas, el Gobierno atienda el clamor de la sociedad, refrendado en el Congreso de los Diputados, y sea leal con las Comunidades Autónomas, asumiendo sus responsabilidades en la financiación de un Sistema de Atención a la Dependencia que afecta a 1,2 millones de personas. 
Existen muchas posibilidades de mejorar la calidad del sistema, pero solo partiendo de unos mínimos de suficiencia financiera será posible flexibilizar y personalizar las magras atenciones que actualmente se prestan a las personas en situación de dependencia. 
Se adjunta: 
* Gasto público autonómico en atención a la dependencia 
* Incremento de la financiación estatal por CCAA que supondría la financiación al 50% por parte de la AGE de los costes del Sistema 
* Documento de compromisos mínimos firmado por los Grupos Políticos con representación parlamentaria.

 Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: directoressociales@hotmail.com


Certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia (2015) junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin.

Incremento de la financiación estatal por CCAA que supondría la financiación al 50% por parte de la AGE de los costes del Sistema



miércoles, 14 de diciembre de 2016

10 años de lucha, aunque sin celebraciones


 Aún somos capaces de recordar la ilusión que nos generaba el saber que, una nueva ley, vendría a “cumplir” con la dignidad de las personas dependientes.

Eran años de gran esperanza, de mucho dinamismo social en cuanto a aprobación de normativas y reconocimiento de derechos y de una gran actividad en cuanto a la participación social de las entidades y colectivos que, entorno a las personas dependientes, venían ejerciendo su función y clamando sus derechos.

Y por fin, llegó; esta ansiada ley, la deseada “Ley de Dependencia” llegó y supuso una verdadera revolución, no sólo en el ámbito de la cobertura legal de los derechos, que por supuesto también, si no en la “apariencia” de nuestras calles y plazas. De pronto, empezaban a multiplicarse esos “uniformes blancos” que paseaban por nuestras ciudades y esa tensión constante que sufrían las cuidadoras y que ejercía de sostén para con nuestros dependientes, empezaba a aliviarse. Volvías a ver a personas en las calles que antes, simplemente, no aparecían. Empezabas a conocer casos de familias que volvían a “meter un sueldo” en sus casas gracias a la ayuda a domicilio, a las residencias, a las unidades de día… el mercado laboral, agonizante desde la explosión de la crisis, volvía a respirar y a recuperar un cierto tono.

Desde luego, desde aquel diciembre de 2006, miles de personas han sido aliviadas, atendidas, reconocidas y apoyadas en cuanto a la capacidad para poder llevar una vida digna, que, a fin de cuentas, es donde da de lleno esta ley; la Ley de Dependencia, aglutina todos sus esfuerzos en proteger la dignidad a las personas, que por una u otra cuestión, se han visto incapacitadas para poder desenvolverse con autonomía en su mundo.
Pero no sólo eso, también trabaja para que las cuidadoras no profesionales, vean reconocida su inconmensurable labor.

Y todo esto, a pesar de recortes, de argucias legales, de cambios metodológicos… sigue siendo así. El espíritu de la ley sigue siendo ese: Promocionar la capacidad y la autonomía de las personas, apoyar a las situaciones de dependencia y reconocer la labor fundamental de las personas cuidadoras.

Casi 200.000 personas están siendo atendidas a día de hoy en Andalucía, personas que vieron su vida truncada por la enfermedad y que con esta ley, han recibido un pequeño “alivio” a su situación. Este es un hecho que, en si mismo, supone un gran triunfo.

Pero ni mucho menos es inferior la importancia que para el empleo en nuestra comunidad tiene la propia ley, escenificando en si misma una oportunidad para poder salir del desempleo y poder recuperar todo aquello que un empleo te da, y más aún un empleo como este.

Todo esto es cierto y seguro que nos quedamos cortos; sin embargo, desde esta plataforma hemos decidido no participar en ningún acto de celebración porque, a pesar de que es de público reconocimiento el hecho de que gracias a Andalucía, en gran parte, el sistema de Dependencia sigue vivo, consideramos que, mientras haya una sola persona en su casa esperando que su derecho sea atendido, mientras que siga falleciendo gente con un derecho reconocido que no llegó a tiempo, mientras sigan existiendo familias que tienen que seguir en soledad con su calvario a pesar de tener una resolución aprobada, mientras la situación de las personas trabajadoras sociosanitarias siga siendo tan precaria y nadie haga nada al respecto, mientras el sector tenga que continuar clamando para cobrar algo que en justicia es suyo, mientras el Estado siga mirando para otro lado y aportando la insultante miseria que continúa aportando… esta Plataforma no puede celebrar nada.
Nuestra voz no se apagará, nuestro trabajo continuará aportando su grano de arena, seguiremos reconociendo el trabajo bien hecho y exigiendo mejorar… pero, por ahora, no nos pidáis que celebremos nada.


Por justicia, por dignidad… sigamos trabajando juntas.